Preguntas Frecuentes


Preguntas frecuentes sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

​1.​ ¿En qué consiste el Lavado de Activos?
El numeral 15 del artículo 2 de la Ley Núm. 155-17 define el Lavado de Activos como un proceso por el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos procedentes de fuentes ilícitas provenientes de delitos precedentes señalados en la Ley.  

​2. ¿Qué es un delito precedente de Lavado de Activos? 
El numeral 11 del artículo 2 de la Ley Núm. 155-17 define la Infracción Precedente o Determinante como aquella que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos. Se consideran delitos precedentes o determinantes: 
1. el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas;
2. cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo;
3. tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales); 
4. trata de personas (incluyendo la explotación sexual de menores);
5. pornografía infantil;
6. proxenetismo;
7. tráfico ilícito de órganos humanos;
8. tráfico ilícito de armas; 
9. secuestro;
10. la extorsión (incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales); 
11. falsificación de monedas, valores o títulos;
12. estafa contra el Estado; 
13. desfalco;
14. concusión;
15. cohecho; 
16. soborno; 
17. tráfico de influencia; 
18. prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;
19. soborno trasnacional;
20. delito tributario;
21. estafa agravada; 
22. contrabando; 
23. piratería; 
24. piratería de productos; 
25. delito contra la propiedad intelectual; 
26. delito de medio ambiente;
27. testaferrato;
28. sicariato; 
29. enriquecimiento no justificado; 
30. falsificación de documentos públicos; 
31. falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas; 
32. tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas, y robo agravado;
33. delitos financieros; 
34. crímenes y delitos de alta tecnología; 
35. uso indebido de información confidencial o privilegiada; 
36. manipulación del mercado. Asimismo, se considera como infracción precedente o determinante;
37. toda infracción grave sancionable con una pena punible no menor de tres (3) años.

3. ¿Cuál es la Diferencia entre el delito de Lavado de Activos y la Prevención del LA/FT?
El delito de Lavado de Activos es la propia infracción penal; es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula la naturaleza o el verdadero origen, ubicación, propiedad o control de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.

La Prevención tiene que ver con una labor integral que los países están llamados a realizar a través de sus diferentes instituciones (sector público y sector privado) para combatir el delito, mediante la implementación de políticas que apunten a aumentar la conciencia en ambos sectores. Estas políticas están focalizadas a que los sectores conozcan y entiendan los efectos adversos del Lavado de Activos y establezcan mecanismos de mitigación de estos, a través de los instrumentos legales y/o reglamentarios que emitan las Autoridades Competentes así como las herramientas internas con las que deben contar  los Sujetos Obligados para combatir el lavado de activos.

4. ¿En qué consiste el Financiamiento del Terrorismo?
Se trata de quien subvencione, oculte o transfiera dinero o bienes para ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo especificados en la Ley Núm. 267-08 sobre Terrorismo. El Financiamiento del Terrorismo se configura independientemente de que se consume o no el acto terrorista. 

5. ¿Cuáles son las autoridades que tienen una labor en materia de Prevención de LA/FT?
Hay que delimitar que hay diferentes tipos de autoridades competentes, es decir hay autoridades competentes garantes de la prevención, otras de la persecución y otras de la sanción del LA/FT y proliferación de armas de destrucción masiva. Conforme a lo indicado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se considerarán autoridades competentes las siguientes:

1. Ministerio Público
2. Unidad de Análisis Financiero (UAF)
3. Dirección Nacional de Control de Drogas
4. Superintendencia de Bancos
5. Junta Monetaria, la Superintendencia de Seguros
6. Superintendencia de Valores
7. Dirección General de Impuestos Internos
8. Dirección General de Aduanas 
9. Dirección de Casinos y Juegos de Azar
10. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

Este listado no es limitativo por esto la ley indica que cualquier autoridad a la que se le atribuya la potestad reguladora o supervisora de una actividad o sector económico sujeto a esta ley es considerado autoridad competente.

6. ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
La Unidad de Análisis Financiero​ (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 72-02 contra El Lavado De Activos Provenientes Del Tráfico Ilícito De Drogas Y Sustancias Controladas Y Otras Infracciones. Conforme al artículo 91 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es un ente técnico que ejerce la secretaria técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

La UAF está provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una Unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y el financiamiento del terrorismo

7.¿Cuál es el vínculo entre la DGII y la UAF?
Conforme el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Núm. 155-17, ambas entidades son reconocidas como Autoridad Competente para la garantía de la prevención, persecución y sanción de la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Conforme el numeral 17 del artículo citado, la DGII es un órgano supervisor de Sujetos Obligados No Financieros para el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de PLA/FT/PADM. Dentro de esas obligaciones se encuentra la remisión de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y Reportes de Transacción en Efectivo (RTE), información que es recibida por la UAF para Análisis financiero, relativo a posibles infracciones al Lavado de Activos, infracciones precedentes y el financiamiento del terrorismo.
 
8. ¿Cuál es la labor de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17?​
La DGII, conforme el numeral 17 del artículo 2 de la Ley Núm. 155-17, es supervisora en aquellos casos en los cuales el Sujeto Obligado sea una sociedad, empresa individual o persona física que se dedique a una actividad comercial para la cual no existe un organismo regulador estatal específico como los mencionados anteriormente, incluyendo las sociedades fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública.

La DGII conforme a la ley está investida con facultades de regulación, supervisión, vigilancia, fiscalización, requerimiento de información, inspección extra situ e in situ, y de aplicación de sanciones sobre los Sujetos Obligados y su personal, de conformidad a lo establecido en la Ley.

9. ¿Qué significa Sujetos Obligados?
Conforme al numeral 24 del artículo 2 de la Ley155-17, los Sujetos Obligados son personas físicas o jurídicas que, en virtud de la misma ley, están obligados al cumplimiento de ciertas medidas para prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y el financiamiento​​​ del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, deben implementar los mitigadores de riesgos necesarios a los fines que al momento de hacer negocios o de entablar una relación comercial puedan evitar ser utilizados para lavar activos.

Los Sujetos Obligados pueden ser Financieros y No Financieros. 

10. ¿Cuál es el marco legal para los Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la DGII?


11. ¿Quiénes son los Sujetos Obligados de la DGII?​
Los Sujetos Obligados No Financieros a cargo de la DGII son aquellos establecidos en el Art. 33 en los literales b) hasta el h). A saber: 

1) Las empresas de factoraje.
2) Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
3) Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.
4) Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades:
a. Compra, venta o remodelación de inmuebles.
b. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente. 
c. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores. 
d. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.
e. Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. 
f. La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales. 
g. Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas. 
h. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas; 
i. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura jurídica; 
j. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona.
5) Las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.
6) Las empresas constructoras.

12. ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
Es un Reporte elaborado por el sujeto obligado para remitir a la Unidad de Análisis Financiero aquellas operaciones que sean complejas, insólitas, sin importar su cuantía y que habiéndose identificado previamente como inusuales no correspondan con el perfil normal del cliente, no guardan relación con la operatividad conocida del mismo y no sean sustentadas o explicadas de forma razonable.

13. ¿Cómo puedo identificar una Operación Sospechosa?
La UAF ha publicado una guía a los Sujetos Obligados que permite categorizar las operaciones que deben ser examinadas con más detalle, a fin de determinar si deben realizar un Reporte de Operación Sospechosa, en base a la experiencia operativa. Para ver esta guía haga clic aquí​.

Las distintas Normas Sectoriales establecen una serie de supuestos indicativos de características de transacciones u operaciones que pueden considerarse como sospechosas.

14. ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?
Los Sujetos Obligados tienen la responsabilidad de reportar a la Unidad de Análisis Financiero todas las transacciones en efectivo que, en el ejercicio de su actividad, superen los US$15,000.00 Dólares de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas. El Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) es obligatorio y deben ser enviado mensualmente.

15. ¿Qué se entiende por Operaciones en Efectivo?
Las “operaciones en efectivo” son aquellas en las que el medio de pago o de cobro es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Esto quiere decir, que no se consideran efectivo los depósitos a cuenta bancaria, cheques, transferencias nacionales o internacionales (incluidos los agentes de remesas y cambio), tarjetas de crédito o débito, u otros instrumentos financieros que pudieran constituir medios de pago.

16. ¿Cómo y dónde deben ser remitidos el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE) y el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)? 
Ambos Reportes deben ser enviados a la UAF, a través de su portal de internet: Unidad de Análisis Financiero. A estos fines los Sujetos Obligados deberán registrarse para validar sus datos y obtener el acceso a la plataforma (Ver Guía para registrar un nuevo usuario).

En el proceso de registro deberá identificarse al Oficial de Cumplimiento o persona responsable que servirá de enlace con la UAF y la DGII. Una vez completados su registro ante la UAF, el Sujeto Obligado deberá notificarlo a la DGII, a través del correo electrónico: PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do.    

Los RTE deben ser enviados dentro de los primeros diez (10) días calendarios de cada mes y deben ser enviados en el formato indicado en el Instructivo de Llenado Formularios RTE - APNFDs.

Los ROS deben ser comunicados dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizada o intentada la operación. (Ver Instructivo de Llenado Formularios ROS - APNFDS).

17. ¿Cómo debe ser remitida la Información Estadística para Análisis de Riesgo a la DGII?
Los Sujetos Obligados No Financieros deberán remitir a la DGII durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:

I. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes; 
II. Cantidad de clientes especificando: 
a. Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS; 
Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata. 
b. Nacionalidad;
c. País de residencia. 
III. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una; 
IV. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

Estas informaciones deberán ser enviadas a través del correo electrónico:​ PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do, hasta tanto sea habilitada la plataforma en el portal web de la DGII.

18. ¿Qué debe incluir un Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
Conforme a lo indicado en Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, su reglamento y las Normas sectoriales. Los Sujetos Obligados deberán contar con un manual que describa las políticas y desarrolle los procedimientos para la prevención y control del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en riesgos, el cual deberá ser aprobado por la más alta directiva del Sujeto Obligado y estar disponible en caso de ser requerido por la Dirección General de Impuestos Internos, el cual deberá contener como mínimo, lo siguiente: 

a) Descripción de los servicios que ofrece el Sujeto Obligado, identificando las actividades propias del negocio que son más proclives para ser utilizadas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y que, por tanto, ofrecen mayores riesgos; 

b) Información general sobre los aspectos conceptuales del delito del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; 

c) Establecer lineamientos para el inicio de las relaciones contractuales, los procedimientos para la identificación y aceptación de clientes, contenido del expediente del cliente y la procedencia de los fondos, de acuerdo con la categoría de riesgo definida por el Sujeto Obligado; 

d) Determinar las directrices para la debida diligencia, conocimiento del Beneficiario Final y el monitoreo de operaciones de aquellos clientes que, por su perfil, las actividades que realizan o la cuantía y origen de los recursos que administran, puedan exponer al Sujeto Obligado a un mayor grado de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; 

e) Definir procedimientos para la selección, contratación y capacitación de su personal, que contribuyan a minimizar la utilización del Sujeto Obligado en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; f) Establecer el procedimiento para el reporte de información, garantizando la confidencialidad de la información reportada, conforme a lo previsto en la normativa vigente, así como los procedimientos para la conservación de los expedientes de los clientes, y su disponibilidad para las autoridades competentes;

f) Determinar las acciones disciplinarias por el incumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidos en las leyes vigentes y en la presente Norma, así como el proceso sancionatorio que adoptará el Sujeto Obligado;

g) Procedimientos de evaluación periódica externa sobre el cumplimiento de la regulación y las políticas y procedimientos de gestión de riesgo para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada por el Sujeto Obligado. 

En el caso de personas físicas su programa deberá comprender, como mínimo, los procedimientos para la Debida Diligencia de Clientes (DDC) al momento de la vinculación de clientes que, por su perfil o por las funciones que desempeñan, podrían estar expuestos en mayor grado de riesgo al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva, el procedimiento para la identificación del origen de los fondos y la identificación del Beneficiario Final. 

El manual de cumplimiento debe ser actualizado cuando surjan cambios en las disposiciones legales y normativas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o en la estructura o tamaño de la empresa.

19. ¿Es obligatorio contratar un Oficial de Cumplimiento de forma exclusiva puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar estas funciones?
La función del Oficinal de Cumplimiento, en algunos casos, podrá recaer en la persona del dueño, administrador general o cualquier empleado designado para estos fines. La elección del Oficial de Cumplimiento de forma exclusiva dependerá de la combinación de la actividad económica y de los montos de las transacciones comerciales del Sujeto Obligado. 

En este sentido, se recomienda consultar las Normas Generales para la identificación de esta obligatoriedad  en cada caso. 

20. ¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del Oficial de Cumplimiento?
No, el Oficial de Cumplimiento deberá tener dentro de la entidad el nivel de jerarquía que le permita la toma de decisiones propias de sus funciones, deberá gozar de absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que se le asignan, deberá garantizársele acceso irrestricto a toda la información que requiera en cumplimiento de estas. 

Los Sujetos Obligados solo podrán delegar en otro Sujeto Obligado la identificación del cliente, la identificación del beneficiario final y la comprensión de la naturaleza de la actividad comercial siempre y cuando formen parte del mismo grupo financiero o económico. 

En ningún caso la figura del Oficial de Cumplimiento podrá recaer sobre una persona jurídica.

21. ¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
Cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros;

22. ¿Cuáles documentos deben ser exigidos a un PEP en el proceso de Debida Diligencia del Cliente?
Las Normas Generales emitidas por la DGII han delimitado un mínimo de documentos, no limitativos, que deberán ser exigidos a los clientes identificados como PEP, a saber:

a. Nombre completo; 
b. Cédula de Identidad Personal o Pasaporte en caso de ser extranjero; 
c. Nacionalidad; 
d. País de residencia; 
e. Dirección física; 
f. Teléfonos de contacto; 
g. Profesión u Ocupación; 
h. Documentación que sustente la información proporcionadas por el cliente (Ej. Recibos y facturas de servicios públicos).
i. Información bancaria. 
j. Evidencia de verificación de informaciones suministradas por el cliente.
k. Referencias comerciales
Además de los documentos mínimos mencionados anteriormente, los Sujetos Obligados deberán realizar como mínimo lo siguiente:
a) Deben obtener la aprobación de la alta gerencia y/o consejo de administración antes de establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) su relación comercial con una persona expuesta políticamente (PEP); 
b) Deben adoptar medidas razonables para identificar el origen de los fondos o activos de los clientes y beneficiarios finales identificados como una persona expuesta políticamente (PEP);
c) Deben realizar un monitoreo intensificado sobre esa relación de negocios.

23. ¿Cómo me registro como Oficial de Cumplimiento en la UAF?
Los Sujetos Obligados tienen la obligación legal de registrarse en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su portal de internet: Unidad de Análisis Financiero. (Ver Guía para registrar un nuevo usuario).​

El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable que servirá de enlace con la UAF y la DGII. 
Una vez completados su registro ante la UAF, el Sujeto Obligado deberá notificarlo a la DGII, a través del correo electrónico PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do., hasta tanto sea habilitada la plataforma en el portal web de la DGII.

24. ¿Cómo hago la remisión a la DGII del Oficial de Cumplimiento designado y registrado en la UAF?
Una vez completados su registro ante la UAF, el Sujeto Obligado deberá notificarlo a la DGII, a través del correo electrónico PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do., hasta tanto sea habilitada la plataforma en el portal web de la DGII.

25. ¿Qué es una matriz de riesgo?
Es la herramienta o sistema, implementado por el Sujeto Obligado, que le permite clasificar sus clientes, como mínimo en: bajo, medio y alto riesgo. Esto permitirá que los Sujetos Obligados puedan aplicar una debida diligencia diferenciada a sus clientes conforme a su exposición al riesgo.

26. ¿Son Sujetos Obligados las empresas constructoras que no actúan en compra y venta de bienes inmuebles?​
La calidad de Sujeto Obligado está ligada al tipo de actividad comercial que se realiza. En este sentido, el párrafo II del artículo 16 del Reglamento No. 408-17 de la Ley No. 155-17 indica que las empresas constructoras solo están obligadas a realizar Debida Diligencia del Cliente solo cuando intervengan en la compra y venta de bienes inmuebles. No obstante, es altamente recomendable que puedan contar con un programa simplificado de prevención, el cual, ante la eventual variación del modelo de negocio, puedan ir revisando y ajustando, a los fines de mitigar los riesgos identificados.

27. ¿Cuándo un joyero es Sujeto Obligado?
A los fines de aplicación de la Ley, son considerados Sujetos Obligados aquellos comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, cuando, conforme el párrafo III del artículo 16 del Reglamento de Aplicación No. 408-17, sus transacciones sean realizadas por un monto igual o superior a los quince mil dólares estadounidenses (US$ 15,000.00) o su equivalente en pesos dominicanos o en cualquier otra moneda, ya sea en una sola operación, en varias operaciones en 24 horas o en varias operaciones que parezcan estar relacionadas. 

28. ¿Cómo confluyen el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17?
Es importante distinguir que, en nuestro país, el Notario debe ser abogado de profesión. Ambas figuras son consideradas Sujetos Obligados por la Ley y el estándar internacional en materia de PLAFT, por lo que un mismo sujeto pueden recaer distintas categorías de riesgo en atención a la función que se desempeñe
En ambos casos, la calidad de Sujeto Obligado se adquiere cuando se llevan a cabo las actividades detalladas en el Art. 33, literal e) de la Ley.

29. ¿Tomando en consideración el rol de Notario en Materia de PLA/FT ¿Pudiera recaer la Debida Diligencia únicamente sobre el Abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33?

No. El Notario es considerado Sujeto Obligado, por lo que debe contar con un Programa de Prevención conforme lo establece la Norma 01-18.

30. ¿Qué debe hacer abogado/notario que solo realiza las actividades descritas en el Art. 33 de forma ocasional?
La calidad de Sujeto Obligado la otorga la realización de las actividades de descritas por la Ley, por lo que, al aceptarlas, deberá cumplir con las obligaciones descritas en el marco legal y los Normas Sectoriales, con relación a ese cliente o trabajo específico, entre las cuales está registrarse como SO en la UAF y posteriormente en la DGII, esto debe ser realizado independientemente de la periodicidad con la que el Sujeto Obligado realice esta función. 

31. ¿Está protegido el Oficial de Cumplimiento respecto a la confidencialidad de las informaciones que reporta a las Autoridades Competentes?
La confidencialidad de todas las informaciones que se intercambian entre las Autoridades Competentes, Supervisores y Sujetos Obligados está estrictamente regulada por la Ley No. 155-17. Las sanciones penales y administrativas establecidas ante la infracción o el incumplimiento del deber de confidencialidad le son aplicables a las Autoridades Competentes, a los Supervisores y a los Sujetos Obligados.

Con relación a las Autoridades Competentes y/o Entes Supervisores, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Núm. 155-17 indica que “El servidor público que, en razón de su función, reciba información de los Sujetos Obligados o de la Unidad de Análisis Financiero, y lo divulgue públicamente o a terceros no autorizados por la ley, será sancionado con una pena de prisión de dos a tres años de prisión mayor, multa de veinte a cuarenta salarios mínimo e inhabilitación temporal de cinco años para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera, y participantes del mercado de valores”.

De igual forma, el numeral 5) del artículo 91 de la Ley le confiere a la UAF la función de “Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera”. En ese mismo sentido, el párrafo del artículo 97 agrega lo siguiente: “El Director y todo el personal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no podrán, incluso después de cesar en sus funciones, revelar que se ha transmitido o solicitado alguna información a la UAF de acuerdo con la presente ley, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.

32. ¿Qué protección debe brindar el Sujeto Obligado a su Oficial de Cumplimiento?
El numeral 3 del artículo 4 de la Ley Núm. 155-17, establece que “El empleado, ejecutivo, funcionario, director u otro representante autorizado de los Sujetos Obligados que revele a sus clientes, proveedores, usuarios o terceros no autorizados por la ley, los reportes de operaciones sospechosas u otra información relacionada entregada a la Unidad de Análisis Financiero, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera, y participantes del mercado de valores”.

El artículo 63 de la Ley también se refiere a la Revelación de Información al establecer lo siguiente: “Los Sujetos Obligados, así como sus directores, funcionarios y empleados, no podrán revelar a terceros el hecho de que se ha remitido información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a la Autoridad Competente, o que se está examinando alguna operación por sospecha de estar vinculada al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

En adición a lo indicado anteriormente, el literal h) del artículo 69 de la Ley reconoce como una Falta Administrativa Muy Grave “El incumplimiento de la obligación de adoptar, por parte del sujeto obligado, las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado un reporte a la Autoridad Competente, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a los órganos de control interno”. El incumplimiento de esta disposición podría conllevar una multa al SSOO de dos millones (RD$2,000,001.00) a cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00).

33. Personas Físicas o Jurídicas que se dedican a la compra y venta de vehículos de Motor. ¿Cuáles medidas de debida diligencia deben aplicarse cuando el pago por la transacción es realizado por una Institución de Intermediación Financiera, producto de un financiamiento para la adquisición de Vehículos de Motor?
Conforme el literal b) del artículo 25 de la Norma No. 02-18, que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en las Personas Físicas o Jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de Vehículos de Motor, Barcos y Aviones, aquellos clientes cuya operación o transacción de compra y vente de vehículos de motor haya sido realizada a través de una entidad de intermediación financiera del país debidamente autorizada por su autoridad competente serán susceptibles de medidas de debida diligencia simplificada. 

La Debida Diligencia Simplificada implica que los SSOO podrán, en función del riesgo y, en sustitución de las medidas de debida diligencia normal, aplicar lo siguiente: 

a. Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental; 
b. Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo;
c. Recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, infiriendo el propósito y naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios establecida.

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